Divorcio y familia en prisión

Asuntos que puedo llevar

Puedo estudiar una consulta del cónyuge o progenitor que está fuera, de la persona interna o de un despacho que necesita colaboración. Cada encargo exige delimitar a quién defiendo y qué actuaciones se incluyen.

• Asesoramiento y procedimiento de separación o divorcio, de mutuo acuerdo o contencioso.
• Negociación y preparación de propuestas de convenio regulador.
• Establecimiento, revisión o reclamación de alimentos y otras medidas familiares.
• Actuaciones relacionadas con decisiones sobre menores y consentimientos parentales.
• Defensa en procedimientos de modificación o ejecución de medidas, cuando proceda.

La intervención puede comprender el asunto jurídico completo. Si ya participa otro abogado, la posible colaboración y las responsabilidades se concretan antes de actuar; no se presume la sustitución de su encargo.

Divorcio y convenio regulador

La vía depende de si existe acuerdo, de las circunstancias familiares y del órgano competente. El Código Civil regula los requisitos y el contenido del convenio. La existencia de hijos menores o de medidas de apoyo relevantes exige comprobar qué procedimiento corresponde.

En el divorcio de mutuo acuerdo judicial, el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la ratificación separada de los cónyuges. Si uno no ratifica, esa vía se archiva, sin impedir que se promueva el procedimiento que corresponda. La forma de intervención de una persona interna se coordina con el órgano competente.

Puedo asesorar al cliente sobre la propuesta, negociar sus términos y asumir la dirección letrada dentro del encargo. Recoger una firma no equivale a obtener el divorcio ni garantiza que el convenio sea aprobado.

Alimentos y medidas familiares

Las circunstancias económicas y las necesidades de los hijos deben examinarse en cada asunto. Los artículos 90, 93 y 146 a 147 del Código Civil regulan aspectos de la modificación y la contribución a los alimentos. No debe darse por suspendida una pensión porque el obligado haya ingresado en prisión.

Puede proceder estudiar una modificación de medidas o reclamar el cumplimiento de las existentes. Los artículos 775 y 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contemplan esas vías. El trabajo puede incluir asesoramiento, prueba, negociación y defensa en el procedimiento.

Un acuerdo informal sobre pagos, vivienda o hijos puede dejar cuestiones sin resolver. Antes de actuar se comprueba la resolución vigente y la formalización necesaria. Si existe un plazo, se revisa su fecha y alcance sin prometer una suspensión automática.

Pasaporte y decisiones sobre menores

Para el pasaporte de un menor se exige el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad, con las excepciones y vías de acreditación que describe la Policía Nacional. Tener la guarda y custodia no equivale necesariamente a ejercerla en exclusiva. La autorización privada no siempre es suficiente.

El permiso policial de viaje es otro trámite: se refiere a menores españoles residentes en España que salen sin sus representantes legales. Basta la comparecencia de uno de los progenitores, aunque se necesita el consentimiento de ambos. Ese permiso no se exige si acompaña cualquiera de ellos; pueden existir otras condiciones del viaje que deban comprobarse.

Cuando hay desacuerdo o una resolución que limita las facultades, se estudia la actuación jurídica adecuada. No se promete suplir el consentimiento del otro progenitor con una simple firma o con el certificado digital. El interés del menor y las medidas de protección aplicables orientan la valoración.

A quién defiendo y quién puede pagar

Quien pide información o paga no se convierte por ello en representante de otra persona ni puede decidir en su nombre. Antes de aceptar el asunto se distingue cliente, persona asistida, pagador y posibles destinatarios de información.

No asumo la defensa de partes con intereses enfrentados. Si existe o aparece un conflicto, debe resolverse la intervención profesional que resulte admisible. La negociación requiere respetar la voluntad de las personas; no se condiciona el asesoramiento a aceptar un convenio.

Las comunicaciones y actuaciones del cliente se tratan bajo secreto profesional. Si hay menores, órdenes de protección o limitaciones de comunicación, se revisan antes de cualquier actuación. No envíes sus identidades, sentencias ni detalles sensibles en el primer correo.

Alcance, honorarios y cobertura

El encargo jurídico se concreta por escrito antes de actuar: asesoramiento, negociación y fases del procedimiento incluidas, honorarios, impuestos, posibles gastos y profesionales necesarios. No hay un precio público por divorcio, convenio o reclamación ni se garantiza un resultado o plazo.

El certificado digital previo no es un requisito general para el asesoramiento o la defensa jurídica. Sí se exige, como condición de mi servicio, antes de aceptar o iniciar gestiones administrativas posteriores. Si el asunto incluye alguna, se delimita y se comprueban sus requisitos de forma específica. Si hace falta, puede valorarse la coordinación de emisión por el prestador.

La cobertura presencial definida es Fontcalent y Villena. Una intervención en el centro se valora como abogado en ejercicio del derecho de defensa y sujeta a viabilidad; no se garantiza acceso. Para otros centros se estudia el encaje concreto. También puedes consultar los requisitos de asistencia jurídica gratuita, cuyo reconocimiento corresponde a los órganos competentes.